El Gobierno reconoce que cometió un error legal y anuncia que recurrirá la suspensión de la carrera profesional

El Principado promete que abonará «cuando pueda» la subida salarial a los funcionarios

Oviedo,

Marián MARTÍNEZ para La Nueva España

El Principado quiere pagar a sus funcionarios los pluses salariales con los que se pondrá en marcha la carrera profesional. El Gobierno regional aseguró ayer que el lunes presentará un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por el que suspende cautelarmente el pago de los pluses, previsto para noviembre. Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT también recurrirán el auto. Unión Sindical Independiente del Principado (USIPA), mayoritario en el personal funcionario de Administración y servicios, también anunció su personalización.

El Ejecutivo que preside Vicente Álvarez Areces reconoció ayer que «por un error en los servicios jurídicos», no presentó el escrito de alegaciones en el plazo de diez días que establece la legislación. De ahí que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictase un auto de suspensión cautelar que atiende la demanda de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), sindicato minoritario en la Administración pública asturiana.

Fuentes del Gobierno regional aseguraron que «la voluntad ha sido siempre cumplir el acuerdo firmado en noviembre con los sindicatos mayoritarios». Por entonces, la partida necesaria para hacer frente al pago de los pluses salariales no constaba en los Presupuestos regionales (ya cerrados), por lo que fue necesario habilitar una cantidad adicional. «Aunque no se pueda pagar ahora como consecuencia del auto judicial, el dinero queda en caja para cuando se pueda. En ningún caso se destina a otra cosa. Y, por supuesto, en la elaboración de los Presupuestos para 2008 ya se tiene en cuenta la cantidad que correspondería pagar en ese ejercicio», afirmaron fuentes del Principado.

El pacto alcanzado entre el Gobierno regional y los sindicatos de la mesa general de negociación -CC OO, UGT y Cemsatse-, establecía el pago de unas cantidades en función de los grupos profesionales. Pese a los cambios legislativos y a que está pendiente la ley de Función Pública del Principado, las partes acordaron que ya se empezase a cobrar a cuenta de la futura legislación. El objetivo era y es evitar la discriminación entre los trabajadores de la Sanidad (que ya tienen su ley y desarrollo de la carrera profesional y empezaron a cobrar en 2006) y el resto de los funcionarios.

El acuerdo establece que hacer carrera profesional es voluntario y hay que solicitarlo. El trabajador cobra más, pero a cambio se compromete a realizar cursos formativos encaminados a aumentar la calidad en su trabajo y su productividad. Esto conlleva, a su vez, que cada puesto de trabajo será evaluado por personal de la Administración y ajeno a ella y, en función de los resultados, el funcionario cobrará el plus o no. Todo ello con la posibilidad, además, de optar a los ascensos correspondientes. La Administración imponía otra condición: una vez que se concretara el desarrollo de la carrera profesional, el personal que hubiera recibido pluses y no superase la evaluación correspondiente debería devolver la cantidad cobrada hasta la fecha.

Cinco años de antigüedad

Fuentes sindicales explicaron que, según el pacto alcanzado, el próximo mes de noviembre cobrarían el primer tramo o nivel todos los funcionarios con una antigüedad mínima de cinco años en la Administración pública. Es decir, prácticamente todos. En 2008, para aplicar el segundo nivel, la cantidad se repartiría a los largo de los 12 meses y los requisitos serían tener diez años de antigüedad y haber realizado algunos cursos de formación. En 2009, el tiempo de servicio se elevaba a 15 años y en 2010, llegaba a los 20 años. En ambos casos se someterían ya a un proceso de calidad del servicio la productividad y el rendimiento, además de examinar la formación adquirida.

La Corriente Sindical de Izquierdas recurrió judicialmente este acuerdo porque «se inició un procedimiento absolutamente irregular», ya que «se arbitró el pago de unas cantidades a cuenta de una ley que no va ser vigente hasta por lo menos dos o tres años después, a cambio de entregarle un cheque en blanco al Gobierno para que establezca las condiciones con las que compromete nuestro futuro».

La reacción de los sindicatos mayoritarios, firmantes del acuerdo con el Gobierno, no se hizo esperar. CC OO (con el 24,7 por ciento de la representatividad) y UGT (con el 23,7) salieron al paso para criticar duramente a CSI, exigirle que retire su recurso, e imputarle el impago de un plus que los funcionarios ya veían en su bolsillo, críticas a las que se sumó la USIPA, que también recurrirá el auto judicial.

NOTICIAS RELACIONADAS:  valoración de la CSI y valoración de CC.OO., UGT y Usipa